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LA TRADICIÓN COMO INERCIA EN LA GESTIÓN PÚBLICA EN MÉXICO

Por Francisco Granval Martinez

 

La Tradición, como forma de hacer las cosas en el gobierno, ha sido el hilo conductor de la administración pública en México. Lo que llamamos “EL SISTEMA”, ha establecido por décadas, la forma de actuar de las nuevas autoridades, que se alternan cada seis o tres años según sea el caso. “El SISTEMA”, se podría traducir como una cultura profundamente arraigada en la clase política (por desgracia en ella están incluidos todos los partidos políticos sin excepción), además de ser avalada por la apatía de la población en el país. ASÍ FUNCIONA, ASÍ, HA SIDO SIEMPRE, ASÍ, SE SEGUIRAN HACIENDO LAS COSAS. Un cambio de gobierno, para que todo siga igual.

El enfoque tradicionalista se traduce en conductas y visiones perniciosas, que impiden que la gestión pública sea efectiva, dejando como consecuencia la falta de soluciones que eleven la calidad de vida de los ciudadanos. Veamos algunas de ellas:

La visión patrimonialista del poder. Las instituciones públicas se vuelven propiedad de los gobernantes y funcionarios en turno, y como propiedad, la prioridad es la defensa de ese patrimonio; la asignación de puestos se vuelve una lucha encarnizada; el disfrute del poder, las prestaciones del puesto, la oportunidad de hacer negocios o conceder favores, son la prioridad; los funcionarios ven con resentimiento cualquier intento de intervención de otros en su campo de acción; las ideas de cambio solo pueden aceptarse si son propias, las propuestas ajenas, no tienen valor y se toman como un peligro para la estabilidad personal del funcionario; a cada paso, surgen dificultades para coordinarse con otros, las visiones de conjunto se hacen imposibles de realizar; la participación ciudadana se vuelve inaceptable; con estas y otras actitudes negativas, los programas de gobierno se traducen solo en ocurrencias de escritorio, ignorando la verdadera problemática de los gobernados, e imposibilitando una solución global a los problemas nacionales, estatales o municipales.

La visión de hacer negocios como eje del quehacer público. El motivo principal de los funcionarios en turno, no es el servicio público, sino la oportunidad de hacer redituar al puesto haciendo negocios, vendiendo favores, dificultando trámites para obtener ganancias, haciendo de la corrupción el principal eje de la actividad.

La visión personal como prioridad vs. El servicio para el bienestar de los ciudadanos. Imponer la visión personal sin fundamentos que la legitimen, como sería la participación ciudadana. Hacer el menor de los esfuerzos posibles respecto a las obligaciones del puesto, ignorar los requerimientos de la ciudadanía porque complican la vida del funcionario, hacer caso omiso de los problemas o no darles la importancia que tienen y con más razón, si estos, son de difícil solución; ausencia de una rendición de cuentas objetiva, universal, transparente y entendible para los ciudadanos. 

La visión de administradores del presupuesto. Los problemas se enfrentan solo si existe presupuesto para solucionarlos; los problemas de fondo que requieren más recursos o que no cuentan con ellos, se ignoran mediante la postergación “ad infinitum” del mismo; sencillamente se ignoran los reclamos sociales por este motivo. Se elimina por completo la elaboración de planes a largo plazo que definan claramente a los problemas y la necesidad de solucionarlos, perdiendo así la posibilidad de crear agendas públicas de largo plazo, transparentes a la ciudadanía. Provocan con la omisión de sus responsabilidades la acumulación del rezago en los factores que requiere el bienestar de vida urbana.

La visión del corto plazo. Solo se planea o actúa en función del periodo de gobierno, se desechan las políticas públicas a largo plazo o bien las políticas públicas y/o planes de la anterior administración. Se declina enfrentar el trabajo de diseñar el futuro nacional o de las ciudades. Se anulan las posibilidades de progreso provocando necesariamente la reinvención del siguiente gobierno.

El futurismo. Establecer como prioridad personal, promocionarse para un nuevo puesto, ignorando o minimizando las responsabilidades del actual. La visión de ocupar un puesto para alcanzar otro más elevado, o perpetuarse en la administración pública, o ahorro de un capital personal para promoverse políticamente al futuro.

La opacidad de la gestión. Se elude informar de manera transparente y permanente a la sociedad sobre la gestión de cada área del gobierno, obligando con ello a que los ciudadanos tengan la necesidad de consultas personales de datos o información que deberían estar siempre a la disposición de la ciudadanía a través de las tecnologías de información existentes. El sistema de transparencia se convierte en el mejor de los casos en un autoengaño, ya que burocratiza la transparencia, la dificulta, la retarda. En las solicitudes de información de un particular, se ignora o se es reticente a las peticiones de información de la ciudadanía, buscando provocar el cansancio o la desesperación del peticionario con la esperanza de que aborte su solicitud.

 

Rendición de cuentas insuficiente. Los funcionarios de todos los niveles solo informan a sus superiores, ignorando a su verdadero patrón, “el ciudadano”. Ello provoca la falta de información de la sociedad sobre los temas de interés de áreas específicas de la gestión pública, que son sensibles al bienestar de los ciudadanos.

Repercutirle al ciudadano las fallas burocráticas. La falta de un sistema de información integral, implica trasladar al ciudadano los efectos de las fallas del sistema burocrático, esto es que el ciudadano, debe en cada trámite administrativo o en una denuncia, proporcionar la información que el municipio debería tener ya sistematizado, la actitud básica es pedir copias fotostáticas a diestra y siniestra y/o la presentación de documentos, aunque el ciudadano los haya presentado previamente una o varias veces; o bien la imposición de obligaciones al ciudadano de realizar investigaciones que la autoridad debería realizar.

 

La fragmentación de la gestión pública. La administración está fragmentada en sus visiones y acciones sobre los problemas de la ciudad, provocando con ello, la apatía de los funcionarios hacia los problemas de temas que no les corresponden; escudándose en las leyes orgánicas o reglamentos. Ello provoca la imposibilidad de buscar solucionar los temas que requieren acciones interdisciplinarias, que busquen resolver la problemática de la ciudad de manera proactiva y con un enfoque de una organización que visualice a la ciudad como un todo. La fragmentación administrativa se convierte en el mejor de los pretextos para justificar una mala administración gubernamental.

 

La visión hacia adentro. Los administradores públicos municipales enfocan sus mayores esfuerzos hacia adentro de la organización, dejando en segundo término a la ciudadanía o a sus públicos. Esta visión se enfoca en la búsqueda de beneficios para los integrantes de la institución pública, se anteponen los derechos propios al de los ciudadanos. Se vuelve más importante arreglar los asuntos internos, que resolver los problemas de la ciudad. Como ejemplo se vuelven más importantes los descansos de los empleados, que la atención al público; El gasto corriente se asegura en perjuicio del gasto de inversión.

El enfoque tradicionalista impide resolver los grandes y verdaderos problemas sociales, económicos ambientales y del hábitat; imposibilitan la gobernanza y la participación ciudadana. Nuestras ciudades padecen una serie de dificultades que se postergan permanentemente por las visiones mencionadas antes: La tendencia a la sub-urbanización, el gigantismo por falta de la buena administración del territorio. La concentración de pobreza y desempleo en los barrios urbanos, y en los suburbios. La creciente congestión vehicular, y la falta de un gran sistema de transporte público. El deterioro ambiental: aire, ruido, basura, agua, deforestación. La problemática del agua. Economía no sustentable. Divorcio entre autoridades y la población. La corrupción en todas sus acepciones, por acción, omisión apatía o irresponsabilidad.

En el sistema tradicional, las políticas públicas corresponden a un programa de acción de la autoridad pública, este concepto le asigna un papel demasiado central al estado, así, las autoridades políticas y administrativas, tienen una posición excluyente en el tratamiento de problemática colectiva de la sociedad.

La gestión administrativa tradicional ha ignorado la problemática de la ciudad, concentrándose solo en la gestión del organismo municipal con visión burocrática, en lugar de administrar a la ciudad como un gran organismo, en donde la institución del gobierno municipal es solo parte de este

Esta forma de administración con visión cortoplacista, obliga a reinventar la ciudad cada tres años; divorcia permanentemente los temas del bienestar urbano: La habitación con el transporte y con los centros de trabajo. El acceso a la cultura, al deporte y al sano esparcimiento. El medio ambiente y la salud. Los empleos bien remunerados con servicios sociales, con el crecimiento económico y la inversión. Problemáticas complejas cuya solución exige integrar transporte, vivienda, sistemas de formación y empleo adaptados a las necesidades locales.

En resumen: El tradicionalismo administrativo se podría definir como el gran obstáculo para el progreso de las ciudades en estos tiempos: autoridades indiferentes, apáticas, ignorantes de la problemática urbana, ajenas a su gran responsabilidad, prefieren dedicarse a administrar el presupuesto y vivir en una zona de confort, sin importarles el drama que significa para millones de personas, el vivir de manera miserable.

El sistema tradicional de gestión pública, se ha convertido en el motor para activar una bomba de tiempo social, hemos sido testigos, que los problemas de las ciudades tienen una dinámica de crecimiento superior a la de las soluciones que plantean las actuales políticas públicas así como las acciones ejecutivas de los administradores municipales.

El crecimiento de las ciudades es un hecho real, que ha venido ignorándose en México y en Jalisco en particular, así, con el argumento de periodos municipales de tres años, la visión para enfrentar las soluciones a la problemática urbana, siempre es la postergación de los temas más difíciles por su magnitud, o desechar los problemas por el hecho de que otro nivel de gobierno lo tiene como responsabilidad. El resultado de la acumulación de problemas genera una catástrofe urbana que se incrementa cada tres años. La pérdida de tiempo que acumula cada administración municipal se convierte en una enorme irresponsabilidad produciendo el deterioro de la calidad de vida de los habitantes de las ciudades.

Así, la visión de corto plazo se traduce en futurismo en el mejor de los casos o en el reconocimiento tácito de incapacidad del gobierno municipal en turno.

La disyuntiva es: seguir con un sistema de administración en donde las autoridades gobiernan para los ciudadanos o una administración incluyente que gobierne con los ciudadanos.

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